AE’s Wednesday columns: EUROPEAN IMPACT by Vania Putatti.

These specials have been written during the elaboration of a Master Thesis, “The EU legal framework  on the fight against corrutpion” at the University of Seville. 

AUTHOR: Vania Putatti,

LANGUAGE: Spanish

Durante muchos años la corrupción fue considerada por el mundo académico y político simplemente como una consecuencia de la presencia del Estado dentro de la economía de libre mercado, y una vuelta libertaria habría cancelado la corrupción. Evidentemente estaban equivocados.

En los últimos años, tanto instituciones nacionales e internacionales, como expertos jurídicos y económicos, han vuelto a considerar la corrupción como una seria problemática que afecta el correcto funcionamiento sea de la democracia que de los mercados. De hecho, el desarrollo de los mercados internacionales y de la technología da la posibilidad de mover enormes cantitades de dineros ilegalmente, compromentendo el correctio funcionamento de la economía de un país.

La Unión europea ha expresado en diversas ocasiones el temor derivado de la distorsión de la competencias causado por la corrupción y por esto ha desarrolado la politica de lucha contra la corrupción. Esto se vee claramente en la Decisión marco de 2003, en el cual, no obstante se apuesta por la tipificación como delito penal de la corrupción en sentido general, existe la posibilidad de que un Estado limite el ámbito de aplicación de la norma, exepto por aquellos actos que “impliquen una distorsión de la competencia en relación con la adquisición de bienes o de servicios comerciales”.

Cuando la competencia se lleva a cabo el terreno paralelo de la ilegalidad, todo el proceso de negociación y los systemas alrededor viene contaminado. Un mercado con altos niveles de corrupción recompensa a los que son menos propensos a cumplir con las leyes y quienes mejor sepan de manejar los sobornos.

La corrupción puesta en marcha por parte de funcionarios ineptos, dificulta la competitividad de las empresas, aumenta los costes que incurran en sus obligaciones y afecta negativamente el dinamismo de las relaciones laborales. Un empresario tiene que pasar más tiempo negociando en las oficinas, y por lo tanto, tiene menos tiempo disponible para dirigir sus empresas. No es de extrañar que hay un fuerte vínculo entre los tiempos y el número de procedimientos necesarios para las empresas en su ciclo de negocios y los niveles de percepción de corrupción.

Gráfico 1 – relación entre el IPC (y) y el numero de procedimientos para las empresas (x)

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Source: “Atlante della Corruzione” Alberto Vannucci con datos de Banco Mundial y Transparency International

Los funcionarios públicos que participan en actos de corrupción tienen interés en retrasar los procesos de contratación, prorrogando las oposiciones y los procedimientos necesarias para llevarlos a cabo.

Además, en un ambiente político de alta densidad de la corrupción, los criterios de designación y selección de personal favorecen la incompetencia. Esto se debe a que, el personal no cualificado está más agradecido hacia quien le ha permitido hacer carrera sin las debidas competencias, tiene más propensión al soborno y es más fácil manejarlo. Por el contrario, elegir funcionarios en base de méritos, fomentando la transparencia y la satisfacción del usuario, se aplican los controles sobre el producto final de las decisiones públicas. En este caso ni las autoridades públicas ni las privadas tienen ventajas injustas, los funcionarios son eficientes y la calidad de la burocracia es más alta.